PASABA POR AQUÍ

El Boletín Oficial del Estado, en su edición de ayer, daba a conocer las declaraciones de bienes y los derechos patrimoniales de todos los miembros del Gobierno y secretarios de Estado, según ordena un reglamento aprobado por Real Decreto este mismo año.

Paralelamente y a diferencia de éstos, día a día conocemos la magnitud de otros patrimonios no por conducto oficial sino por vía judicial. Aparecen, entre otros, los que han cosechado de forma irregular muchos cargos del Partido Popular, desde presidentes y expresidentes autonómicos, pasando por diputados, senadores y presidentes de alguna que otra Diputación, o los que han permitido financiar de forma irregular al partido que pretende ser alternativa de gobierno en nuestro país.

Afortunadamente, en esta situación de envilecimiento de la política, todavía existen diferencias. Así, mientras el anterior ministro de justicia socialista se vio obligado a dimitir por ir de cacería con un juez, Francisco Camps no tuvo reparos en servirse de su amigo Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, para conseguir el archivo definitivo en aquella comunidad de unas actuaciones que, ahora, se han llevado por delante a su segundo de a bordo.

El PP sigue empeñado en demostrar que los términos "dimisión" y "responsabilidad" no entran en su vocabulario, ya vengan precedidos de casos Gürtel o Prestige, armas de destrucción masiva o guerra de Irak, Yak 42 o 11-M. Sin embargo, el secreto de sumario esconde todavía muchos miles de folios por conocer y tendrá que ser la justicia la encargada de lavar los trapos sucios que no se lavan desde dentro.

Rajoy, por su parte, solamente ha roto su silencio para culpar de la lacra que asola a su partido al Gobierno central y decir que el PP es el único perjudicado. Las arcas públicas, saqueadas por un puñado de chorizos bajo las siglas "populares", parece que no le importan tanto.