PASABA POR AQUÍ

El verano termina con un nuevo récord de superficie arrasada por la acción de los incendios provocados. Según datos de la Junta de Castilla y León, en los cinco días transcurridos del 11 al 16 de septiembre ardieron en El Bierzo y Cabrera más de 3000 hectáreas de terreno arbolado y monte bajo.

Las mismas fuentes hablan de 700 efectivos trabajando en la extinción de los fuegos, con numerosos medios del organismo autonómico en incluso de la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Gobierno central. Pero las cifras dejan un dato revelador: No hay un sólo detenido acusado de provocarlos.

Verano tras verano, esta esquina de la comunidad autónoma se lleva la palma entre todas las zonas azotadas por el fuego. Pero, por lo visto, la dimensión de la catástrofe medioambiental sufrida no parece que vaya a suponer cambio alguno en cuanto a las políticas preventivas.

No parece suficiente garantía que la Ley de Montes autonómica impida la posibilidad de que se ejecuten actividades lucrativas en zonas arrasadas por los incendios. No cambiará nada hasta que los responsables de la Junta tengan en cuenta que la actuación de una empresa privada en labores de extinción de incendios, reforestaciones, etc... responde a un interés económico como el de cualquier otra empresa.

Mientras tanto, año tras año seguiremos viendo a nuestros políticos lamentarse por los efectos causados por un monstruo que ellos mismos han contribuido a alimentar, en lugar de sentarse a calcular qué es más económico: Un mes de trabajo de un equipo completo de extinción de incendios (personal, helicópteros, hidroaviones, etc...) o subvencionar durante un año la agricultura, la ganadería o cualquier otra actividad que sirva para fomentar el medio rural y frenar su abandono, o sea, su destrucción.