PASABA POR AQUÍ

Hace sólo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia hacía pública una condena de más de dos años de inhabilitación contra el juez de familia de Murcia. Según la sentencia, Fernando Ferrín Calamita retrasó malintencionadamente una orden de adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

Afortunadamente, el corporativismo del que hace gala a menudo la judicatura en España ha quedado al margen. En este caso, el tribunal consideró como agravante, entre otros, el desprecio del magistrado a la orientación sexual de la adoptante, provocado por las convicciones religiosas de éste.

Un juez es un funcionario público encargado de impartir justicia según las leyes establecidas. Pero en el caso de Calamita, su imparcialidad está en tela de juicio desde el momento en que hace gala de su fundamentalismo ideológico, moral y religioso. A día de hoy, cada funcionario, cada militar o cada miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está obligado a realizar su trabajo según lo establecido y no según su conciencia.

Pero en este país todavía hay algunos que no han asimilado que desde hace años vivimos en un Estado laico y que la verdad de unos no tiene que ser necesariamente la de todos. Las creencias religiosas de un juez, por muy respetables que sean, deberían permanecer fuera de la sala de vistas. Y si alguno considera que sus creencias son incompatibles con las leyes que manan del Parlamento, es muy libre para renunciar al ejercicio de su profesión. De hecho, su fundamentalismo debería obligarle a hacerlo de inmediato.