MIGRACIONES
La crisis que se vive a nivel mundial está teniendo en nuestro país múltiples consecuencias. En el apartado urbanístico, lo más reciente es la migración inesperada de ciertas especies de pájaros. En Ponferrada, uno de ellos ha abandonado recientemente su nido llevando consigo los ahorros de varios compradores y dejando una agujero de miles de euros entre sus proveedores. Pero eso no es todo: Las previsiones climatológicas apuntan a que aves de otras especies -contratistas, promotores y quizá algún que otro político- pudieran también levantar el vuelo próximamente y seguir el mismo camino, si es que antes no les enjaulan.
La huida es el último episodio de una carrera delictiva de la que también forman parte comisiones ilegales, recalificación de terrenos, precios inflados, cobro de dinero negro en vivienda protegida y todo tipo de fraudes que, sin embargo, parece que no son suficientes para saciar el apetito de quienes recurren a ellos.
Para la patronal, sin embargo, la solución a la crisis en la construcción pasa por abaratar los despidos. Mientras tanto, nada dicen de endurecer las penas a fin de evitar la escalada de delitos relacionados con la corrupción urbanística, una plaga que se ha extendido rápidamente por todo el país gracias, en gran parte, a algunas medidas liberalizadoras tomadas en un pasado reciente.
La propuesta del más fuerte, como siempre, pasa por fastidiar al más débil. Sucedió en tiempos de bonanza, con un crecimiento del empleo precario maquillado por el descenso en la cola del paro. Ahora, en época de vacas flacas, el pobre volverá a ser el elegido para pagar los platos que otros rompieron.
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Hecho con 
La Ley nos confiere ciertos derechos que debemos exigir en todo su rigor cuando adquirimos una vivienda en construcción: entregas de dinero que vayan a cuentas dedicadas úncamente para el pago bajo certificaciones de obra y avales bancarios o pólizas de seguros que garanticen la finalización de la la vivienda que adquirimos, son instrumentos exigibles por Ley, y a los cuales nadie deberimos renunciar. Ante la negativa por parte del promotor (cosa muy habitual) a concedernos nuestros derechos, la denuncia ante la administración competente, debería ser nuestra sistemática actuación para acabar con la lacra de quienes tratan de aprovecharse de la buena fe del consumidor.
Pero no basta con denunciar. Es preciso que las autoridades sean inflexibles con estos elementos y que, a una denuncia fundamentada, le siga un castigo ejemplar. Por otra parte, es preciso que la propia administración inspeccione de oficio el incumplimiento de tales obligaciones, las cuales son vulneradas habitual y masivamente.
Si todos nos concienciásemos de nuestros deberes y derechos respecto a este tema, tal vez consiguiésemos que los mencionados "pájaros", se conformasen con que no les fatase su ración diaria de alpiste.
Rufino