PASABA POR AQUÍ

Hace unos meses, un alcalde castellonense elaboró un decreto que obligaba al jefe de la policía local a asistir a las procesiones religiosas en contra de su voluntad. Afortunadamente, la justicia acabó anulando aquel atropello contra el derecho a la libertad religiosa, recogido en la Constitución. Se comprobó, una vez más, el respeto a la legalidad y a los valores constitucionales que tienen algunos de los que dicen ser sus máximos defensores.
En Ponferrada, las pasadas fiestas de La Encina han vuelto a evidenciar el nivel de influencia de la iglesia católica en la inmensa mayoría de las celebraciones y el trabajo que queda por hacer si lo que se pretende realmente es avanzar en la laicidad del Estado, protegiendo y respetando las creencias de quienes no creen.
En España, miles de escenas cotidianas evidencian el sometimiento del Estado al poder de la jerarquía católica, que bendice cada momento de la vida institucional, ya sea casando o bautizando príncipes, infantes o herederos o, a un nivel inferior, confundiendo las celebraciones de carácter festivo o histórico con las religiosas. En ellas es habitual ver a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escoltando iconos religiosos en las procesiones, o autoridades civiles acompañando a los representantes católicos en manifestaciones puramente religiosas.
Para evitar esas escenas es necesario revisar los Concordatos de 1979, como lo es también para frenar el aumento de colegios concertados frente a los de titularidad pública, vivero de la influencia católica sobre aquellos que no la comparten, que son muchos; o bien incidir en su cumplimiento en lo que respecta a la autofinanciación, extremo que se recoge en los mismos, pero que no interesa a la Iglesia.