PASABA POR AQUÍ

El artículo 14 de la Ley 52/2007 -la conocida como Ley de la Memoria- garantiza el acceso a cualquier lugar donde se tenga constancia de la existencia de un enterramiento extrajudicial, facilitando su localización y exhumación y pasando a ser catalogado de interés público.
Si el terreno es municipal, la Administración está obligada a tomar cartas en el asunto. En el caso de ser de titularidad privada, en cambio, son los descendientes de las víctimas los que tienen que afrontar la indemnización que previamente haya acordado el titular con los organismos públicos competentes.
La medida, que es una muestra más del escandaloso agravio entre unas víctimas y otras, apenas es utilizada. Nadie en su sano juicio debería negar el acceso a los descendientes de quienes fueron asesinados y enterrados allí. Cuesta creer que exista gente que no le importe tumbarse al sol en su jardín sobre una fosa común, o consumir los productos que brotan en la tierra que algún día fue regada con sangre inocente.
Pero desgraciadamente los hay. En 1936, Magaz de Abajo fue el escenario elegido por una cuadrilla de asesinos falangistas para perpetrar sus crímenes. Hoy, el pueblo entero se ha volcado con quienes pretenden recuperar a sus seres queridos, pero también los hay que siguen empeñados en perpetuar la memoria de los criminales.
Los restos de José Soto y de su esposa, Filomena Ferreras, no podrán volver a Congosto para descansar junto a los suyos. Tampoco lo hará Francisco Gundín junto a la mujer que le esperó hasta el último día de su vida. No podrán, en ambos casos, porque el dueño de la tierra donde les arrojaron considera que unos arbustos de apenas cuatro años tienen más valor que una larga espera de setenta y dos.