PASABA POR AQUÍ

El Instituto de la Juventud acaba de emitir un informe que asegura que un porcentaje elevado de jóvenes ha tenido dificultades en algún momento para obtener un preservativo. La razón es la negativa a dispensarlos por parte de algunos farmacéuticos católicos, que se acogen a la objeción de conciencia para justificar su postura.

El rechazo de la Iglesia y de sus seguidores más fanáticos no es compartido, sin embargo, por algunos arzobispados que invierten sus ahorros en laboratorios farmacéuticos dedicados a la fabricación de anticonceptivos e incluso de la famosa Viagra.

La negativa a vender ciertos productos debería suponer la retirada de la licencia, pero los propietarios de las farmacias se defienden afirmando que sus establecimientos son empresas privadas. Olvidan, sin embargo, las ventajas que disfrutan sobre el resto de sectores particulares. Su postura obliga a los habitantes de algunas poblaciones a desplazarse varios kilómetros para adquirir ciertos productos, porque la ley regula la distancia mínima entre cada farmacia, algo que no sucede con la inmensa mayoría de negocios privados.

Muchos de esos objetores, por el contrario, no tienen problemas a la hora de vender medicamentos para combatir el SIDA. En ese caso, su postura tiene una explicación: Un condón apenas cuesta un euro; el portador de alguna enfermedad venérea, en cambio, es mucho más rentable.

Algunas posturas cambiarían si el Ministerio de Sanidad elaborase un listado de farmacias objetoras, para que el ciudadano también pudiera acogerse a la objeción a la hora de gastar su dinero allí. O si la financiación pública de la Iglesia fuese en porcentaje a la venta anual de anticonceptivos.