PASABA POR AQUÍ

El Pleno de la Diputación de León acaba de aprobar una proposición para sugerir a los ayuntamientos que dediquen sus espacios públicos a las víctimas del terrorismo. En el texto se habla de su importante papel en defensa de las libertades, se condena la imposición totalitaria de un pensamiento y se denuncia la indignidad que supone para las víctimas ver el nombre de los verdugos en calles y plazas.

Es, en resumidas cuentas, el enésimo ejercicio de doble moral, consensuado esta vez por los representantes del PP, PSOE y UPL en la institución provincial. Y lo es porque vuelve a quedar en evidencia que para algunos políticos existen víctimas de primera y de segunda.

Y las de segunda no existen. Lo demuestra el hecho de que desde la Diputación nunca se haya sugerido eliminar la nomenclatura franquista de los callejeros; o que jamás se haya facilitado a los familiares de las víctimas recuperar sus restos. Parece que la única "imposición totalitaria" condenable es la utopía de unos pocos en Euskadi y no la de un régimen asesino que muchos de los que hoy se autodenominan demócratas aún añoran.

Hace siete décadas, una represión franquista diseñada y calculada se cebó, entre otros, con los representantes políticos elegidos democráticamente por el pueblo. Sólo un porcentaje mínimo de las más de 3000 víctimas de nuestra provincia ha recibido honores en sus pueblos de origen o el reconocimiento unánime de las instituciones que algunos de ellos llegaron a presidir.

Todas las víctimas de primera, sin excepción, son declaradas automáticamente como defensores de las libertades. Las de segunda, sin embargo, apenas son merecedoras de la categoría de "víctima".