PASABA POR AQUÍ

La legalidad y la creación de empleo no pueden estar reñidas. Esa es la asignatura pendiente de un Gobierno.

Hubo un tiempo en que la construcción fue el principal motor económico del país. La liberalización del suelo, la agresión de áreas protegidas o el escaso control sobre el urbanismo municipal crearon una burbuja inmobiliaria que ha acabado por explotar, justo en el momento en que se hizo evidente que el ritmo de construcción era mucho mayor que el de adquisición. Cuando la demanda superó ampliamente a la oferta.

Pero detrás de la crisis actual del sector inmobiliario también hay otros factores, como la actuación de la justicia contra los que se aprovecharon de esa permisividad. En sólo unos meses, algunos cambiaron el yate de lujo por una celda en prisión.

Algunos recuerdan con nostalgia esa época, cuando los delitos urbanísticos eran silenciados por la reducción de la cola del paro. La actuación de la justicia no les importa.

Que vivimos en un país de estómagos agradecidos lo demuestra el hecho de saber que en las últimas elecciones municipales la mayoría de los alcaldes imputados en delitos urbanísticos revalidaron sus mayorías.

No quiero finalizar sin expresar mi solidaridad con todas las víctimas de la barbarie. Vaya mi desprecio hacia los que recurren a la violencia para defender sus argumentos y para los que intentan aprovecharse políticamente de ella.