PASABA POR AQUÍ

Los delitos urbanísticos deben acarrear dimisiones y condenas, pero también decomiso de bienes.

Meses antes de las últimas elecciones municipales, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, solicitó a todos los partidos políticos que no admitiesen en sus listas a ningún cargo bajo sospecha. La recomendación no la cumplió ni su propia formación, el PSOE, ni mucho menos el principal partido de la oposición.

Por poner un ejemplo, más de una veintena de alcaldes socialistas en Andalucía están inmersos en procesos judiciales relacionados con el urbanismo. En el caso del PP, la cifra alcanza la treintena en una comunidad que ni siquiera gobiernan. En Baleares o Galicia, antiguos feudos "populares", lideran también la clasificación.

En Murcia, los delitos urbanísticos florecen al mismo ritmo que los campos de golf. Casi la mitad de sus 45 municipios están incursos en procedimientos judiciales y, salvo dos, todos en manos de un PP que gobierna la comunidad con el 60% los votos.

Sin embargo, en las últimas municipales fueron elegidos la mayoría de los alcaldes imputados. Algunos ciudadanos prefieren mirar para otro lado y no les importa ver como engordan los pájaros, siempre que caiga alguna migaja que les alimente. La corrupción es una simbiosis entre el corrupto y corrompido, que critica la crisis en la construcción pero que no alaba las últimas investigaciones judiciales, que quizá tengan algo que ver con el frenazo inmobiliario.