PASABA POR AQUÍ

La Abogacía del Estado acaba de hacer pública una resolución por la que se insta al ayuntamiento guipuzcoano de Hernani a anular un acuerdo municipal del mes de marzo de 1982, por el cual se acordaba bautizar un parque público con el nombre del miembro de ETA José Manuel Ariztimuño.

La medida se toma a petición de los familiares de Jesús Velasco Zuazola, una de sus víctimas, asesinado en 1980. La Abogacía considera el hecho como una vulneración del derecho fundamental al honor y un atentado contra la dignidad de sus víctimas y de toda la sociedad en general.

Para los descendientes de las víctimas, es un insulto y una humillación saber que en algún lugar se homenajea a sus victimarios. La situación de Hernani se repite, al menos, en una decena de municipios vascos, pero no es exclusiva de Euskadi. Algo similar sucede en numerosas localidades a lo largo y ancho de nuestra geografía.

En el caso de los familiares de las miles de víctimas de la represión en la dictadura, las sensaciones son las mismas. En su caso, es fácil imaginar lo que sienten al pasear por las calles y plazas españolas donde todavía se homenajea a algún asesino; o al ingresar en hospitales que a día de hoy siguen llevando el nombre de quienes tan poco hicieron por la vida; o matriculando a sus hijos en colegios dedicados a los que derrocaron por la fuerza de las armas a un sistema democrático, provocando la mayor tragedia de la historia de España.

Por si fuera poco, a su humillación también contribuyen las referencias que todavía hoy se conservan en miles de edificios religiosos. En ellos, se sigue ensalzando a los muertos de un sólo bando -el franquista- y a muchos de los caídos en el frente que previamente habían sembrado el terror en sus pueblos. Los nombres de sus víctimas, sin embargo, no aparecen en las placas de las iglesias.

En una hipotética escala de valores democráticos, la corporación municipal de Hernani -actualmente de ANV- está al mismo nivel que todas las instituciones del país que todavía conservan vestigios de la dictadura. En ambos casos, ha sido necesaria una resolución judicial para obligarles a cumplir con la ley.

En el caso de los segundos, han tenido que pasar más de tres décadas para que haya una decisión al respecto. A finales del pasado mes de diciembre, se publicó en el BOE la conocida como Ley de la Memoria, en uno de cuyos apartados se insta a las diferentes administraciones a suprimir los símbolos que ensalzan la dictadura. La ocasión es idónea para que aquellos que se escandalizan por situaciones como las de Euskadi prediquen con el ejemplo, sean los primeros en cumplir la ley y demuestren sus valores democráticos y el respeto a las víctimas que tanto pregonan.

Por higiene democrática, la Abogacía del Estado debería instar a que su resolución se hiciese extensiva al resto del país y a todos los niveles, para que ningún asesino pueda volver a ser homenajeado jamás.