PASABA POR AQUÍ

Un Decreto de 26 de abril de 1940, ratificado el 19 de junio de 1943, encargaba al Ministerio de Justicia llevar a cabo “la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz, para conocimiento de los Poderes Públicos y en interés de la Historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador”.
La Causa General, que así se hizo llamar, nacía para dar a conocer al mundo las crueldades llevadas a cabo por los “rojos”, justificar la sublevación militar y contrarrestar así los crímenes cometidos por el bando franquista durante la guerra y poder continuar con el exterminio del vencido una vez finalizada la contienda.
Desde 1980, los fondos de la Causa General pueden consultarse en el Archivo Histórico Nacional. Entre ellos se encuentran los correspondientes a la provincia de León, donde la cifra de bajas asciende a 134. Entre ellos se incluyen, en algunas ocasiones, muertos del bando franquista en los frentes de guerra o en otras circunstancias que no se ajustan exactamente al perfil de víctima del “terror rojo”.
El listado recoge varios asesinatos cometidos supuestamente por “elementos de izquierda” cuando en realidad fueron víctimas de falangistas, miembros de la Guardia Civil o del Ejército. Así, en lo relativo al antiguo ayuntamiento de Fresnedo, el alcalde Gabriel Arroyo aseguraba, en un oficio enviado a los instructores de la Causa General en mayo de 1941, que entre las víctimas causadas por los republicanos se encontraban el alcalde Antonio García Colinas y otros nueve vecinos del municipio. La realidad, sin embargo, fue bien distinta. Los diez componentes de la lista fueron asesinados por pistoleros de Falange en los primeros meses de la guerra, siendo alguno de ellos exhumado por la ARMH desde su fundación, en 2000.
En la Causa General, sin embargo, estas y otras muertes fueron contabilizadas como producidas por las “hordas marxistas”. Otros municipios bercianos, como Villafranca del Bierzo, Fabero o Toreno, se abstuvieron de enviar la documentación, al no haberse producido baja alguna. En cada uno de ellos, sin embargo, el número de víctimas de la represión franquista superó al del global de la provincia.
Con todo ello, al dictador no le salieron las cuentas. Finalizada la instrucción de la Causa General, apenas se superaron las 80.000 víctimas, cantidad nada despreciable, pero ridícula si la comparamos con la utilizada por la propaganda franquista durante la contienda, cifrada en 600.000 y rebajada poco después hasta las 460.000.
Setenta años después, los crímenes del franquismo jamás han sido sometidos a una investigación seria que los contabilice y que sirva de orientación para los familiares que buscan a sus desaparecidos. Cualquier paso en ese sentido serviría no sólo para efectuar un recuento exhaustivo que aclare las cifras de la anterior, si no para desacreditar a los que todavía hoy siguen inmersos en guerras de cifras y de justificaciones.