PASABA POR AQUÍ

Ayer se conocía la sentencia por el mayor atentado de la historia de nuestro país, bajo una expectación sólo equiparable a la que despertó en su día el juicio a los acusados de urdir el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y en ambos casos, la extrema derecha se erigió en protagonista. Hace 26 años, ocupando las primeras filas del banquillo de los acusados; hoy, tejiendo juicios paralelos y defendiendo teorías rocambolescas que seguirán más allá de la resolución final del tribunal.
Desde el mismo día en que se conoció la apertura de la investigación, hubo quien se apresuró a allanar el terreno desacreditando a jueces, fiscales y otros miembros del tribunal, sospechando que la sentencia que ayer conocimos no iba a ser de su conveniencia. Para ello, no tuvieron escrúpulos en utilizar versiones tan inverosímiles que acabaron por convertirse en el mejor argumento de defensa para alguno de los terroristas acusados. Se trataba de bloquear el proceso y retrasar el veredicto final más allá de la cita electoral de la próxima primavera, anteponiendo sus intereses a la propia justicia hacia las víctimas.
En cabeza de esos defensores de la teoría de la conspiración se situó desde el primer momento el Partido Popular, cuyos dirigentes pretendieron engañar masivamente a la sociedad española para perpetuarse en la mentira y en el gobierno y para evitar el justo castigo que le guardaban las urnas. La derrota, sin embargo, no sólo no sirvió para depurar responsabilidades si no que aupó a los culpables a los principales puestos de poder del partido. Ahora, sabedor del grave perjuicio que la sentencia le producirá en la próxima cita electoral, el PP cambia el discurso, entierra sus palabras y exige que nadie utilice el resultado de la investigación como ariete contra ellos. O sea, todo lo contrario de lo que ellos mismos hicieron tras el propio 11-M o tras el atentado de la T-4 y el final de la tregua de ETA, responsabilizando de ello al actual Gobierno.
Por eso, lo primero que deberían hacer los dirigentes del PP es asumir las consecuencias del veredicto final y pedir perdón a todas las victimas y a la nación en general por embarcar al país en un conflicto bélico ilegal en Irak -a pesar de la opinión en contra de la inmensa mayoría de los españoles- y que acabó en tragedia.
Sin embargo, el portavoz “popular” en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguraba horas antes de conocer la sentencia que sentía “orgullo y satisfacción” por la aportación de su partido en la búsqueda de la verdad. Pero las hemerotecas de los últimos tres años guardan la contribución del PP a tal fin. Aznar, Rajoy, Acebes o el propio Zaplana deberían sentir vergüenza, aunque para sentirla primero hay que tenerla.
La justicia ha demostrado lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos sospechaba: Detrás de los atentados estaba el islamismo radical. Ahora, el peso de la ley debería recaer en los que se han dedicado durante los últimos tres años a mentir, manipular y crispar a la sociedad generando dudas inexistentes. El sumario del 11 M no debería cerrarse con esta sentencia. Aún queda mucho por juzgar. Solo así habrá justicia para las 192 víctimas mortales y los cerca de 2000 heridos que dejó la masacre.