PASABA POR AQUÍ

El ex ministro del Interior del Gobierno Aznar, Jaime Mayor Oreja, manifestaba hace unos días su rechazo a condenar la dictadura franquista, alegando que muchas familias -la suya, entre otras- lo habían vivido con naturalidad. Según sus argumentos, la legitimación de la dictadura franquista radicaba en que ésta representaba a un amplio sector de la población española. En Alemania, por ejemplo, el régimen nazi salido de las urnas -al contrario que el franquismo- representó a un sector todavía más amplio de alemanes. Hoy, sin embargo, sus partidos políticos reniegan mayoritariamente de aquella etapa siniestra -incluida la derecha democrática- asumiendo su historia y honrando a los que defendieron la legalidad ante la barbarie.
El artículo 3 de los estatutos del PP asegura que dicho partido “quiere distinguir su actuación general por un compromiso renovado con el derecho a la vida, la integración y el respeto a las minorías y la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones”. Las palabras de Mayor Oreja o el rechazo generalizado de los “populares” a la Ley de la Memoria incumplen flagrantemente sus estatutos. Y ya saben lo que sucede cuando algunos partidos políticos no han condenado la violencia.
En uno de sus habituales ejercicios de doble moral, el PP anunciaba el lunes la presentación de una proposición no de ley para la retirada de calles, plazas o monumentos dedicados a miembros de ETA en algunas localidades de Euskadi. Pero su negativa a apoyar dicha Ley no es la mejor manera de predicar con el ejemplo.
Las localidades que denuncia el PP en su iniciativa no son las únicas donde se homenajea impunemente a los asesinos. El general Queipo de Llano, cuyas alocuciones radiofónicas instigaron a la muerte de miles de españoles, permanece enterrado con todos los honores dentro de la Macarena, en Sevilla. Yagüe, general cuyas tropas sembraron el terror en el sur, da nombre al hospital de Burgos. Cuesta entender por qué extraña razón un centro de salud lleva el nombre de alguien que tan poco hizo por ella.
Otros detractores de la medida se preguntan si las obras públicas construidas en la dictadura van a tener el mismo trato que los monumentos y alusiones que homenajean a sus dirigentes. La simple comparación entre ambas es, cuando menos, ridícula y demuestra el alcance de miras de quienes las plantean.
Mientras tanto, algunos intentan desacreditar la mencionada Ley rastreando en el árbol genealógico de ciertos dirigentes políticos de la izquierda que hoy la promueven, esperando encontrar allí algún antepasado franquista. No se molesten. En casi todos los casos lo encontrarán. Pero la gran diferencia es que mientras unos se distancian claramente de un pasado familiar ligado a la dictadura, otros se empeñan día a día en justificarla, haciendo imposible un hipotético consenso para dicha Ley.
PD.- Mientras escribo esta columna, Llamazares, Duran i Lleida y Carod Rovira exponen sus planteamientos con absoluta normalidad en un plató de televisión. Sus respuestas demuestran dos cosas: Que a veces las cosas no son como nos las cuentan y que en democracia son válidas todas las opciones políticas defendidas con la palabra.