PASABA POR AQUÍ

Resulta inaudita la reacción furibunda de la iglesia española ante el actual proceso de recuperación de la memoria histórica, y más teniendo en cuenta que éste conlleva en la mayoría de los casos la búsqueda, identificación y traslado a un cementerio de miles de españoles esparcidos por las cunetas de todo el país.
Pero más inaudito es ver que, sin haber pedido perdón por su responsabilidad durante la guerra y la dictadura, ésta se afana en elevar a los altares sólo a los asesinados por el bando republicano durante el conflicto, a los que denomina mártires y que fueron localizados, exhumados y glorificados en su inmensa mayoría inmediatamente después de finalizar la guerra y durante la dictadura, con el dinero de todos los españoles. Pero la iglesia, en su afán por demostrar una equidistancia que la justifique, compara a éstos con los que llevan más de setenta años abandonados en una fosa común.
Esa nómina de mártires, sin embargo, no recoge a aquéllos a los que el propio franquismo asesinó por oponerse a la sublevación, por no comulgar con la “Santa Cruzada” y por defender la legalidad republicana como demócratas, condición por la que incluso a día de hoy siguen siendo despreciados.
Quizá formen parte de esa primera lista de cristianos ejemplares que “murieron por su fe” y “perdonando a sus verdugos” personajes como Juan Álvarez García, párroco de Fresnedo y causante directo del asesinato de seis de sus vecinos: Florentino Enríquez Calvo, Santiago García Arroyo, Cesáreo Fernández Arroyo y los hermanos Pascual y Antonio García Colinas -paseados y enterrados en un encinal de Cabañas de la Dornilla el 1 de septiembre de 1936- y Manuel Abad Pérez, maestro de la localidad y asesinado cuatro días más tarde en Montearenas, cerca de Ponferrada.
Aquel cura, mientras vivió, jamás llegó a pedir perdón a las familias a las que destrozó la vida. Y no murió precisamente ni por su fe ni perdonando cuando se enfrentó, pistola en mano, al guerrillero César Terrón Abad, sobrino de aquel maestro asesinado y verdugo del sacerdote el 28 de agosto de 1938.
Algo parecido le sucedió, entre otros, al cura de San Cristóbal de Valdueza, Tomás Rodríguez Pérez, asesinado por una partida guerrillera el 25 de julio de 1945 y en cuyas filas militaba uno de sus antiguos convecinos, denunciado por el párroco durante su etapa en Villaverde de los Cestos. Un caso similar tuvo lugar el 21 de octubre del mismo año en Dragonte, cerca de Corullón, cuando otro grupo de huidos llevó a cabo el asesinato del párroco Recesvinto Ruiz Sánchez, en represalia por las denuncias efectuadas contra sus vecinos durante la guerra.
No parece, por tanto, que la cifra de religiosos represaliados en El Bierzo fuese en consonancia con aquella supuesta persecución religiosa, sino más bien con el colaboracionismo con los crímenes perpetrados por los sublevados; apenas una docena de bajas en toda la diócesis de Astorga desvanecen esa teoría. Al contrario, si las cifras se comparan con las de civiles ejecutados por la intermediación directa del clero, quizás habría que preguntarse quién perseguía a quién y porqué motivos.