PASABA POR AQUÍ

Después de 57 sesiones y más de 300 horas, el juicio por el mayor atentado terrorista de la historia reciente de Europa está visto para sentencia. Probada la participación en la masacre de la mayoría de los acusados, no deja de resultar inédita la actitud mostrada desde algunos círculos desde el primer día de la investigación
Algunos, incluso, no han tenido ningún escrúpulo a fin de justificar la actuación de los responsables políticos de aquel momento. Sus falsas teorías, como ha quedado demostrado hasta el último día del juicio, han sido la mejor base argumental para que alguno de los terroristas que se sientan en el banquillo de los acusados ejerciera su propia autodefensa.
El veredicto de los miembros del jurado se dará a conocer antes de finales de año, a pesar de los intentos por retrasarlo que ha vivido todo el proceso. Una vez claro que no se demorará, los esfuerzos por parte del principal partido de la oposición y de sus círculos afines se centran ahora en exigir al Gobierno que las elecciones generales que deberían celebrarse en la primavera de 2008 sean adelantadas al próximo otoño. Y si puede ser antes de conocerse la sentencia, mejor.
Un veredicto judicial contrario a las tesis defendidas a capa y espada por el Partido Popular no sería la mejor carta de presentación ante los electores. Y si a todo ello le sumamos el balance final de las profecías que auguraban una España rota, el fin de la familia o la rendición ante ETA, el resultado parece claro.
Pero si la justicia determina lo que parece más que probado, los defensores de la teoría de la conspiración ya tienen el terreno abonado para una cosecha que le será desfavorable. Será entonces cuando la sombra de la sospecha, que ya se cernía sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus métodos de investigación- se amplíe a la ingente labor de jueces, abogados, fiscales e incluso a las víctimas que no son de su cuerda. Al tiempo.
En relación a este último apartado, merece mención aparte la resolución del Tribunal Supremo, que acaba de anular una sentencia de la Audiencia de Madrid contra tres miembros de la Policía Nacional. Los agentes fueron condenados por la “detención ilegal” de dos militantes del Partido Popular implicados en una supuesta agresión al ex ministro de Defensa José Bono -consumada según este último- durante una manifestación celebrada en Madrid en enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Una instantánea tomada segundos antes del suceso mostraba a los dos detenidos en una postura nada sospechosa de pacifista.
Aquella sentencia tuvo como consecuencia la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid -pese a no estar implicado en el caso- y fuertes penas de cárcel para los tres agentes. Al tiempo, fue hábilmente aprovechada por el principal partido de la oposición para arrebatar una buena dosis de popularidad al Gobierno. Esperemos que los que entonces pidieron responsabilidades se apliquen hoy el mismo criterio y utilicen la misma vara de medir.