PASABA POR AQUÍ

El 27 de marzo de 2002, los periódicos locales abrían a toda página con la noticia del inminente desembarco en Ponferrada de una empresa de prestigio internacional que tenía prevista una gran inversión económica en la zona y la creación de una cantidad cercana a los doscientos puestos de trabajo directos.
Según los responsables municipales, la llegada de la inversión había sido posible gracias a la “excelente” campaña promocional que el ayuntamiento había desarrollado meses antes en la feria Construmat, de Barcelona; en los periódicos de los días posteriores destacaban las declaraciones de Ismael Álvarez y de Carlos López Riesco, alcalde y concejal de fomento respectivamente, que avanzaban la inminente creación de 1070 puestos de trabajo en el polígono de La Llanada, superando todas las previsiones.
Antes de poner la primera piedra, el proyecto fue avalado por la Agencia de Desarrollo de Castilla y León (ADE) y sus responsables recibieron más de un millón de euros de subvención proveniente de los Incentivos Económicos Regionales (IER). Además, el propio Ayuntamiento de Ponferrada y la junta vecinal de Santo Tomás de las Ollas le adjudicaron dos parcelas con una superficie total cercana a los 100.000 metros cuadrados y con catalogación de suelo de uso industrial. Dichos terrenos fueron vendidos a los promotores sin necesidad de ser abonados en su totalidad, ya que una buena parte del pago se llevaría a cabo mediante la realización de obras.
Una vez transferidos los terrenos, la empresa promotora inició los trámites para contratar los trabajos de adecuación. Con semejantes avales, ofertas no le faltaron. Finalmente, el encargo recayó en una pequeña empresa berciana que vio en ello una buena oportunidad para crecer y consolidarse, sin pensar que si el negocio hubiera sido tal, quizá no hubieran sido ellos los beneficiarios.
Pero la realidad fue bien distinta; aquella empresa nada tenía que ver ni con la multinacional estadounidense SAF ni con la española Construcciones Metálicas SAF, sino con las iniciales del principal responsable, Santiago Andrés Fernández, un especialista en creación de empresas fantasma y obtención de subvenciones públicas y con varios delitos a sus espaldas mucho antes de su desembarco en nuestra ciudad.
En Ponferrada, su historial se amplió con una deuda de 400.000 euros con la empresa a la que encargó los trabajos de una parcela que nunca abonó, pero que figura todavía a su nombre y revalorizada gracias a esas tareas de mejora. Su desfachatez llega hasta tal punto que, una vez iniciado el expediente de reversión de los mismos, llegue a pretender que se le indemnice con la plusvalía generada gracias a unos trabajos que nunca abonó.
A día de hoy, el panorama es desolador: Esa empresa y otras que no han cobrado jamás una subvención, pero que por el contrario sí han creado puestos de trabajo, están arruinadas y abandonadas a su suerte. Y lo están por unos responsables municipales que deberían, al menos, compensar a los damnificados por unos errores que ellos mismos cometieron. Y mientras tanto, los estafadores profesionales siguen campando a sus anchas ¿Con quien se harán la siguiente foto?