PASABA POR AQUÍ

Un problema urbanístico vuelve a sacudir por enésima vez la política municipal. El pasado jueves, cuatro formaciones (ACD, MASS, PB e IU) y la Federación de Asociaciones de Vecinos interponían una querella criminal en los juzgados de la ciudad contra todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal PONGESUR por un presunto delito de prevaricación.
Los hechos tienen origen en el procedimiento de enajenación de suelo de la Rosaleda, en cuyo pliego se establecían una serie de condiciones para los participantes. Según la demanda, una de las empresas no cumplía los requisitos que fijaban las bases al no figurar inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social ni estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el mismo organismo.
Pero la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas no fue impedimento para que esa misma empresa resultara beneficiada tanto en el momento de la adjudicación como después de ella, cuando le fueron transmitidas cuatro parcelas más que en un principio habían ido a parar a manos de otras tantas empresas, y en cuya operación tampoco se tuvo en cuenta la situación real de la entidad.
En sus primeras apariciones públicas tras la noticia, tanto el alcalde de Ponferrada como alguno de sus concejales restaban importancia a la demanda achacándola a un intento de unos cuantos de obtener votos desde los juzgados. Pero la justicia no entiende de números y no parece que el resultado final de la demanda vaya a influir demasiado en los resultados electorales de todas las formaciones políticas que la respaldan.
El PSOE, por su parte, decidió no sumarse a los querellantes. La principal razón, según su portavoz, es que su formación no quiere contribuir a judicializar la política municipal. Pero el silencio ante un supuesto delito no parece el mejor ejercicio de responsabilidad ante los ciudadanos.
Al margen de otras interpretaciones, parece claro que su ausencia beneficia a las formaciones que rubricaron la demanda, que se libran de un mal compañero de viaje; no hay más que recordar lo sucedido durante el “caso Ismael” -mal llamado “caso Nevenka”- con la socialista Charo Velasco, cuya aparición en escena fue utilizada de argumento por una de las partes para desviar la atención de los ciudadanos sobre lo que realmente se estaba juzgando.
Sin llegar a estos extremos, el equipo de gobierno municipal lo hubiera tenido muy fácil para acabar demostrar, tal y como aseguran, que las denuncias son infundadas y que su gestión es transparente; Lo primero que debió hacer el alcalde fue poner toda la documentación encima de la mesa, y no esperar al resultado de una querella que, de prosperar, no sólo le obligará a hacerlo, si no que tiene previstas en estos casos penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por unos cuantos años.
El tiempo dirá si al final resulta que unos suman votos y otros los restan. Pero lo que sí es seguro es que los ciudadanos llevaremos las de ganar en cuanto a claridad sobre un asunto demasiado oscuro.