PASABA POR AQUÍ

En pleno proceso de paz en Euskadi, y observando las posturas del Gobierno, del PP y sus voceros o incluso de la propia Batasuna, sería recomendable que todos ellos se plantearan una serie de cuestiones comunes e intentaran reflexionar sobre ellas.
Comenzando por el final, no estaría de más saber por qué Arnaldo Otegi llama a Zapatero irresponsable por garantizar el cumplimiento de la ley tras conocerse el robo de armas en Francia, pero no es capaz de condenar a los propios autores del mismo.
Dicho esto, alguien debería explicar las razones por las cuales la Ley de Partidos ilegaliza a una formación política por no condenar la violencia mientras permite que partidos ultraderechistas, anticonstitucionales y antidemocráticos puedan presentarse a las elecciones libremente sin haber condenado jamás una violencia que ellos mismos practicaron, y que estarían dispuestos a utilizar de nuevo si fuera necesario.
Al tiempo, cuesta trabajo encontrar las diferencias entre los que amenazan a un juez desde el banquillo de acusados y los que día a día tratan de desacreditar al poder judicial, dañando su imagen y poniendo en duda su imparcialidad, siempre y cuando sus decisiones no sean favorables a los intereses de los que les difaman.
Tampoco está clara la posición en favor de la paz y contra la violencia mostrada por ciertas asociaciones de víctimas en algunas manifestaciones, en las cuales se ha llegado a pedir al presidente del Gobierno que se vaya con su abuelo fusilado y en las que ha estado apunto de producirse el linchamiento de dos políticos de lo más moderado. O en aquellas en las que se pide saber la verdad de lo sucedido en Madrid el 11-M, eso sí, una verdad que sólo será válida si se parece a la versión ofrecida por el mismo partido político que ahora maneja a los que se manifiestan.
En este sentido, es difícil entender por qué una mujer como Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y que perdió a su hijo en aquel atentado, tiene que ir acompañada desde hace meses de un guardaespaldas por las amenazas que sufre a diario, y no precisamente por etarras o terroristas islámicos, si no por otro tipo de terrorismo de traje y corbata.
Tampoco se entiende por qué cualquier preso común, con independencia del grado de su delito, puede estar en la prisión más cercana a su domicilio y no lo puede hacer un preso de ETA. Una cosa es establecer una condena justa para un terrorista y otra, muy diferente, es condenar de paso a toda su familia. Y menos si lo que se pretende es la reinserción en la sociedad de todos ellos una vez cumplida su pena.
Y sobre este tema, me pregunto si se contempla actuar con igual contundencia contra todos los que viertan amenazas y marquen objetivos desde sus espacios de opinión, como se ha hecho en el caso de Ignacio De Juana Chaos. De hacerlo así en todos los casos, alguno deberá replantear su situación laboral.
Detrás de estas preguntas que muchos nos hacemos es posible que se encuentre la respuesta al porqué se ha llegado hasta este punto. Reflexionar sobre ellas puede ser una buena forma de solucionar este y otros de los actuales conflictos.