PASABA POR AQUÍ

Hace unos días, el PSOE presentaba un decálogo para combatir la especulación y la corrupción urbanística, intentando que sirviera para alcanzar un pacto con el principal partido de la oposición. El texto incluye, entre otras medidas, el compromiso de expulsar de las filas del partido correspondiente a todo aquel sobre el que recaiga cualquier tipo de sospechas en la comisión de este tipo de delitos.
Pero inmediatamente después, el Partido Popular rechazaba el acuerdo. Según Mariano Rajoy, el único pacto válido es que los corruptos dejen de robar y actúen la policía y los jueces. Imagínense, por un momento, a algún responsable político asegurar que el mejor remedio contra cualquier tipo de delincuentes no es la prevención del delito, si no que éstos dejen de delinquir y que la policía actúe contra ellos. Ambas soluciones, la una por utópica y la otra por obvia, son totalmente estúpidas.
El líder gallego fue más allá y se atrevía a afirmar que el mayor logro del gobierno Zapatero es que en dos años y medio se vuelve a hablar de corrupción, justificando la no suscripción del pacto porque “no todos son iguales”. En la misma línea se manifestaron otros dirigentes de su partido, como Ángel Acebes, que acusó al Gobierno de falta de credibilidad, algo en lo que él mismo es un experto. El tercero en el escalafón, Eduardo Zaplana, no hizo declaraciones; criticar la corrupción no se le da bien…
Con tales afirmaciones, Mariano Rajoy y sus correligionarios dejan dos cosas claras: En primer lugar, que no asumen que la corrupción urbanística es un problema que también salpica al PP, en un porcentaje mayor incluso al del resto de formaciones políticas. Y en segundo lugar, que la distancia entre la posición del partido que representan y la realidad de este país cada vez es más grande.
A Mariano Rajoy y a los que le secundan no les vendría mal hacer un ejercicio de memoria. Recordarían así que fue el gobierno del que formaron parte quien contribuyó en mayor medida al problema con la elaboración de una ley del suelo que se ha convertido en el paraíso de los especuladores. A esto habría que añadir otros tipos de corrupción, disfrazados a veces de “stock options”, de AVE a Lleida, de Terra Mítica, de privatizaciones de empresas públicas a cuatro amigos o de medallas del congreso de los Estados Unidos a Aznar pagadas con el dinero de todos los españoles.
Por el contrario, con el pacto sobre la mesa, los dirigentes socialistas son los primeros en asumir el problema dentro de sus propias filas. Una prueba evidente son los tres alcaldes expulsados sólo en la Comunidad de Madrid. En esa misma autonomía, el PP mantiene en su cargo a la totalidad de los dirigentes locales imputados y alguno incluso repetirá candidatura en las municipales de 2007. La única excepción es el director general de Urbanismo, Enrique Porto, que dimitía hace dos semanas después de que se relacionara su nombre con uno de los últimos escándalos urbanísticos.
Pero lo de Madrid viene de lejos, antes incluso de que Esperanza Aguirre fuera aupada al poder tras el soborno a Tamayo y Sáez por sectores vinculados a la construcción. Ya entonces, quedó claro que el PP tenía más corruptos, pero también mejores abogados.