PASABA POR AQUÍ

El pasado día 6, miércoles y víspera del comienzo de las fiestas de la Encina, estaba prevista la inauguración de un nuevo espacio de ocio cerca del Puente Boeza. Sin embargo, pocas horas antes la policía municipal se personaba en el lugar con un decreto de la alcaldía que impedía su apertura por carecer de un último trámite.
Al margen de tratarse de una actuación ajustada a la ley, hay dos motivos por los que la medida no deja de sorprender. Primero, porque se produce tras un decreto express dictado en vísperas del inicio de las fiestas; y segundo, porque parece ser que la falta de ese documento no fue impedimento para que algunos locales de la ciudad abrieran las puertas en su día. Pero repito, sólo algunos.
Episodios como éste evidencian la diferencia de trato de los responsables municipales con algunos empresarios, con independencia de si sus propuestas de negocios aportan más o menos beneficios a la ciudad. Seguramente muchos recordarán al alcalde de Ponferrada avalar personalmente a SAF, empresa que tenía previsto instalarse en una parcela cedida gratuitamente en La Llanada y crear decenas de empleos.
Por aquel entonces, los periódicos se llenaron de fotografías de los promotores junto al alcalde, felicitándose por el éxito de las políticas municipales en cuanto a captación de empresas. Sin embargo, a día de hoy SAF ha desaparecido del mapa dejando tras de sí la ruina y el desamparo institucional para algunas empresas de la zona. Pero incomprensiblemente, ha seguido conservando la titularidad de la parcela que en su día le regalaron. Y por supuesto, de los empleos prometidos ni rastro.
Por otro lado, no hace mucho tiempo este mismo periódico denunciaba que las obras de construcción del nuevo centro comercial El Rosal se estaban ejecutando sin el preceptivo proyecto visado, requisito principal para cualquier ciudadano de a pie, antes de mover la primera palada de tierra. Y aunque posteriormente el alcalde no desmentía la noticia, en aquella ocasión no hubo decreto alguno que ordenase la paralización temporal de las obras de un gigante que arrasará lo poco que queda del pequeño comercio en la ciudad.
Algo parecido sucedió con los primeros pisos de La Rosaleda, cuyos primeros inquilinos se encontraron con unas viviendas que carecían de la mayoría de los servicios básicos, a pesar de haber recibido el visto bueno por los responsables municipales.
Parece ser, por tanto, que la diferencia de trato va directamente relacionada, amén de otras razones, con la actividad de cada empresa, por ejemplo, entre el día y la noche, ésta última convertida en un negocio muy reñido en Ponferrada.
Para los propietarios del nuevo establecimiento de ocio del Puente Boeza, la situación actual no es nueva. No hace mucho tiempo, uno de sus negocios era precintado por orden municipal, pero finalmente la justicia les daba la razón. La indemnización, que se pagará con el dinero de todos los ciudadanos, se presume millonaria.
Quizás por eso, cada vez está más claro que en Ponferrada “la policía está al servicio del ciudadano” al que algunos, incluso, se atreven a poner nombre y apellidos.