PASABA POR AQUÍ

Un problema urbanístico vuelve a inundar las páginas de la actualidad en Ponferrada. En este caso, la polémica surge por la construcción del nuevo centro comercial El Rosal, que cómo su propio nombre indica, va camino de convertirse en un tema verdaderamente espinoso. Hace unos días, este mismo periódico denunciaba algunas deficiencias en la documentación necesaria para el inicio de las obras, argumento que poco después sería respaldado por la oposición socialista, que solicitaría por escrito la consulta del expediente completo para su revisión.
Tras esto, el concejal de Urbanismo municipal comparecería ante los medios de comunicación, flanqueado por varios cajones llenos de documentos, y afirmando que la obra contaba con todas las licencias, amén del proyecto de ejecución y el de dirección de obra. Más tarde, el alcalde López Riesco respaldaría al concejal afirmando que toda la documentación estaba a disposición de los ciudadanos para su consulta. Sin embargo, el regidor aportaría un dato que el edil de Urbanismo había obviado en su comparecencia: El proyecto de obra carecía del perceptivo visado.
Pues bien, sabido es que un proyecto no es válido hasta que no tiene el correspondiente visado del Colegio de Arquitectos. Lo saben no sólo los profesionales en la materia, si no también todos y cada uno de los ciudadanos que han precisado de ese trámite para realizar una obra. Y, por supuesto, donde mejor deberían saberlo es en la propia Concejalía de Urbanismo del consistorio ponferradino. No en vano, es el organismo responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente por parte de todos y cada uno de los ciudadanos.
Pero, paradójicamente, en este caso quien se encarga del cumplimiento de las normas es el primero en incumplirlas. Y si bien el ayuntamiento puede y debe actuar contra los ciudadanos que no cumplen con lo estipulado, la pregunta es quién actúa contra la actitud irresponsable de algunos cargos municipales. La falta de una respuesta contundente para actitudes como ésta vienen a corroborar el porqué, casi siempre, los ciudadanos relacionamos la política con la impunidad.
La oposición, mientras tanto, contribuye a esto último cuando asegura que no llevará el caso los tribunales. Se limita a pedir la inmediata paralización de obras, algo a lo que se niegan desde el consistorio. La negativa de los responsables municipales establece un agravio comparativo con el resto de los promotores, ya sean empresarios de la construcción o particulares.
El trámite que solicita la oposición es el mismo que se aplica a cualquiera que incumpla con los requisitos establecidos. No hace falta mucha imaginación para presagiar lo que le sucedería a cualquier ponferradino de a pie si se pone a ejecutar una obra sin un proyecto visado y sobrepasando en 3000 metros cuadrados la edificabilidad permitida.
Sin embargo, parece que desde el consistorio se vuelve a recurrir a los trabajadores dependientes de la obra, utilizándolos de escudos humanos cómo pretexto de la ilegalidad, cómo si la legalidad estuviese reñida con la creación de puestos de trabajo.