PASABA POR AQUÍ

Desde la medianoche del pasado lunes, los conductores que circulen por la autopista AP-9, en Galicia, no tendrán que pagar los peajes de los tramos de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. Un reciente acuerdo entre los gobiernos central y autonómico puso fin a una medida abusiva para los usuarios, cuya vigencia había sido establecida por los anteriores mandatarios de la Xunta hasta el año 2048.
Mientras tanto, Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP de Galicia, aseguraba que la medida hipotecará a los gallegos durante los próximos 42 años. Sorprendentemente, quien así se expresa es el representante del partido que firmó ese acuerdo durante su mandato en la Xunta; el mismo que no construyó ni un sólo tramo de autovía libre de peaje, y permitió que se ejecutaran chapuzas como las vías rápidas de Barbanza y O Salnés, situadas entre las más siniestras de la red viaria estatal.
Basta un dato; de todos los tramos de autovía que discurren por la comunidad vecina, sólo se libraban del pago -hasta el lunes pasado- las que llegan a Galicia desde Castilla-León -la Benavente-Vigo y la Madrid-A Coruña- o sea, las estatales.
El negro futuro augurado para los ciudadanos por Núñez Feijoo contrastaba con la inmensa alegría de los mismos, sobre todo de los que tienen -tenemos- que soportar diariamente no sólo el coste económico si no también los interminables atascos.
Al tiempo, la situación de las autopistas en nuestra provincia no deja de ser curiosa: Por una simple cuestión orográfica, el coste de la construcción de la León-Astorga no ocupa los primeros puestos del ranking del país, sin embargo sí lo ocupa en cuanto al precio de circular por ella. En cuanto a la León-Campomanes, el elevado precio de su ejecución en la época es directamente proporcional a la peligrosidad que entraña buena parte de su trazado. Sin embargo, eso no se ve reflejado en el precio del ticket.
La UPL, formación que se ha movilizado desde el primer día en contra del precio abusivo de las autopistas, reclama al Presidente del Gobierno que cumpla sus promesas para con la provincia de León y le reprocha que haya antepuesto la reclamación de la Xunta. Según los leonesistas, la decisión está motivada por la deuda adquirida con los nacionalistas del BNG a la hora de formar el gobierno bipartito en Galicia.
A los reproches de UPL sobre la antigüedad de uno y otro compromiso no les falta razón. Por ese motivo, lo que debería hacer tanto ese partido como el resto de las formaciones regionalistas es trabajar al máximo para llegar a ser algún día la llave de la gobernabilidad provincial e incluso autonómica. Entonces comprobarán cómo el ejemplo de Galicia se repite en nuestra provincia.
El cumplimiento de los compromisos electorales supone, para lo que los realizan, una obligación, y obligado es también para el resto el recordárselo. Sin embargo, entre estos últimos algunos deberían ser más prudentes en sus manifestaciones. Porque los ciudadanos no somos tan desmemoriados como alguno se cree; no olvidamos las promesas de Zapatero, pero también sabemos quienes fueron los que dejaron las redes viarias de reciente construcción con más casetas que la Feria de Sevilla.