PASABA POR AQUÍ

Cuatro días después de la intentona golpista del 23-F, la rama política de ETA se integraba en la vida democrática. Desde entonces, muchos de sus antiguos miembros pasarían a formar parte de varios partidos políticos de Euskadi. Sin embargo, la facción militar optó por la clandestinidad y la utilización del terror y la violencia como método de extorsión. Desde entonces, se han producido un total de seis treguas, coincidiendo todas ellas con los diferentes gobiernos que han regido los destinos del país desde el regreso de la democracia. El fracaso de todos ellos dio paso al establecimiento de medidas policiales y judiciales lo suficientemente eficaces como para debilitar a la banda hasta los extremos actuales.
A media mañana de ayer, ETA anunciaba el principio de un alto el fuego de carácter permanente. En vista del resultado negativo de todos los precedentes, no hace falta que nadie nos diga a los ciudadanos que el camino será largo y difícil, y que para recorrerlo será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas democráticas.
Pero el primer desmarque, como no, llegaría sólo unos minutos después por parte del principal partido de la oposición. María San Gil, líder del PP en Euskadi, definía el alto el fuego como el resultado a los supuestos guiños hechos por el presidente Zapatero a los miembros de la banda armada. De paso, se oponía al pago de cualquier precio político, algo que resulta absurdo por la obviedad que supone e insultante por la insinuación de que otros sí lo van a hacer.
Eso sí, el final de ETA tiene que llevar obligatoriamente consigo varios aspectos: Debería suponer también la vuelta a la legalidad de algunas formaciones políticas de la izquierda abertzale a las que la Ley de Partidos colocó en la clandestinidad por no condenar la violencia. El principio básico de la democracia es la participación en ella de todas las ideologías que renuncien al uso de las armas para defender sus ideas. La izquierda abertzale reivindica la independencia al igual que Esquerra Republicana la reclama para Cataluña, sin que eso le impida participar en la vida democrática.
En segundo lugar, es necesario acabar con la dispersión de los presos fuera del territorio de Euskadi, equiparando sus derechos con los del resto de la población penitenciaria del país. No será una medida nueva, ya que todos y cada uno de los intentos de negociación con ETA, incluidos los de Aznar, fueron acompañados de un buen trasiego de presos a cárceles próximas a Euskadi.
Pero en su estado de amnesia permanente, quizás el PP olvide lo que hizo en su día cuando gobernó e identifique esos principios básicos, si se llegan a aplicar, como el pago de un precio político. Son, sin embargo, el resultado de la aplicación de los principios de la democracia para todos los que se ajustan a ella. En democracia no se pagan precios políticos; se ganan en las urnas con los votos de los ciudadanos.
El hecho de que la justicia siga actuando contra aquellos que tengan asuntos pendientes es la mejor garantía de que no se pagará ningún precio. Las víctimas, sus familias, la sociedad vasca y la del resto del país, son razones suficientes para intentarlo.