PASABA POR AQUÍ

A mediados de la semana pasada, las investigaciones de la llamada “Operación Eolo” permitían a la policía la detención de un antiguo miembro del gobierno canario, que poco después era detenido; Celso Perdomo, el que fuera director general de Industria con el PP en aquella comunidad, junto a su novia, una funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y varias personas más fueron acusadas por irregularidades en convocatorias de concursos públicos de energía eólica. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas decretaba para ellos la prisión provisional por varios delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
Y digo esto porque estoy seguro de que no muy lejos de aquí más de uno puso las barbas en remojo después de conocer los detalles de la operación policial: LA historia empieza cinco años atrás, cuando cierta junta vecinal recibió una oferta de una empresa que pretendía colocar unos medidores de viento, con el propósito de conocer la viabilidad de un futuro parque eólico. La propuesta fructificó, y la empresa obtuvo un contrato de cesión de una pequeña parcela por cuatro años.
Así estaban las cosas cuando, hace aproximadamente un año, esa junta vecinal recibió una notificación de la administración correspondiente, que le informaba de la finalización del contrato y la renovación automática del mismo, salvo que hubiera alguna alegación por su parte. Y la hubo; la empresa no había cumplido su compromiso económico y la junta vecinal informó de ello. Pero, incomprensiblemente, aquella alegación no se tuvo en cuenta y sólo unos días después se publicaba en el Boletín Oficial la renovación del contrato entre junta vecinal y empresa.
Al conocer la noticia, un colaborador de la pedanía se puso en contacto telefónico con uno de los responsables del departamento correspondiente dentro de aquella administración para mostrarle su indignación por haber hecho la vista gorda con un documento presentado en ventanilla con suficiente antelación al plazo establecido. Documento que, por cierto, estaba dentro del expediente que el funcionario tenía en sus manos, y que suponía la prueba irrefutable de la comisión de un delito.
Consciente de ello, aquel funcionario se ofreció para solicitar personalmente al representante de la empresa el abono del dinero pendiente por el primer contrato. Incluso fue más allá, cuando por iniciativa propia propuso el pago por adelantado de la cantidad correspondiente al segundo contrato.
Nada más finalizar la llamada, el representante de la junta vecinal se dispuso a informar al presidente de la misma sobre los detalles de la conversación. Pero el móvil comunicaba. Cuando por fin pudo establecer comunicación, éste ya estaba enterado de todo; de hecho, la llamada que le había tenido ocupado era la del representante de la empresa acreedora, que a su vez también estaba al tanto de la misma llamada, algo totalmente imposible en tan corto espacio de tiempo… a no ser que funcionario y empresario fueran la misma persona. Lástima que un puñado de billetes acabaran comprando el silencio de un pueblo… y el indulto de un corrupto.