A RIO REVUELTO...
26-01-2006 00:23:57
Decía el bueno de Don Manuel Azaña que “si los españoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar”. Siete decenios después de que aquella frase se hiciera famosa, la gran mayoría de los ciudadanos de este país sigue (seguimos) sin tomar nota. Y eso que hoy, si cabe, la información es mucho más accesible que entonces. Pero también está más expuesta a tornarse en desinformación después de pasar por los filtros de ciertos sectores que convierten en dirigido lo que debería ser autónomo.
Y digo esto porque si a algunos ciudadanos de este país -incluyendo políticos y militares- les hubiera dado por leer el Estatuto de Cataluña hubieran comprobado que lo que se dice en él no difiere en su mayor parte de los propuestos o ya aprobados en otras autonomías, por ejemplo Navarra, cuyo sistema de financiación es sustancialmente más ventajoso que la propuesta que se acaba de acordar para Cataluña.
Ese vacío ha sido aprovechado por el PP, cuya estrategia respecto al Estatuto ha quedado clara desde el principio; atemorizar al personal con la ruptura de España para convertirse en los defensores de su unidad. Pero esa unidad está sustentada en el enfrentamiento de todos sus territorios contra uno de ellos, Cataluña. Con ello convierten en proscritos a los dirigentes populares de aquella autonomía y ponen en una tesitura incómoda a todo aquel que se posiciona a favor de la reforma desde fuera de aquella autonomía. O sea, que parece ser que vale más la ganancia del pescador en un río que el PP se ha encargado de revolver, que las previsibles pérdidas políticas en Cataluña, donde los populares ya eran minoría antes de todo esto.
Quizás por eso no es raro que desde el PP de Cataluña se produzcan reacciones cómo las de Josep Piqué y su amago de dimisión del pasado martes, u otras más furibundas cómo la del ex-diputado popular catalán Josep Curto, que pedía ese mismo día la dimisión de Ángel Acebes por el bien de su propio partido y de la política española en general, calificándolo como un mediocre al que los españoles pusieron en su sitio por no decir la verdad el 11-M. Un mediocre que tiene la habilidad de adelantarse a los propios tribunales de justicia o al dictamen del Tribunal Constitucional cuando asegura que la reforma está al margen de la Carta Magna. Sin embargo, la cuestión choca frontalmente con la única propuesta del PP en cuanto al Estatuto, al margen de la de su retirada, que no es otra que la de convocar un referéndum, cuestión que no recoge la Constitución.
Pero lo que debería preocupar más a los dirigentes estatales del PP es el editorial que esta misma semana aparecía en uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, el The New York Times. En las páginas del rotativo se acusaba directamente a los populares de emplearse más en exculpar a los militares que han criticado al Estatuto que en defender un orden democrático o de no creer en la legitimidad a las últimas elecciones generales que les apartó del gobierno. Desde el siglo pasado, la independencia de los analistas e historiadores hispanistas ha permitido a éstos ser los mejores conocedores de la realidad de nuestro país ¿se repetirá la historia?
Y digo esto porque si a algunos ciudadanos de este país -incluyendo políticos y militares- les hubiera dado por leer el Estatuto de Cataluña hubieran comprobado que lo que se dice en él no difiere en su mayor parte de los propuestos o ya aprobados en otras autonomías, por ejemplo Navarra, cuyo sistema de financiación es sustancialmente más ventajoso que la propuesta que se acaba de acordar para Cataluña.
Ese vacío ha sido aprovechado por el PP, cuya estrategia respecto al Estatuto ha quedado clara desde el principio; atemorizar al personal con la ruptura de España para convertirse en los defensores de su unidad. Pero esa unidad está sustentada en el enfrentamiento de todos sus territorios contra uno de ellos, Cataluña. Con ello convierten en proscritos a los dirigentes populares de aquella autonomía y ponen en una tesitura incómoda a todo aquel que se posiciona a favor de la reforma desde fuera de aquella autonomía. O sea, que parece ser que vale más la ganancia del pescador en un río que el PP se ha encargado de revolver, que las previsibles pérdidas políticas en Cataluña, donde los populares ya eran minoría antes de todo esto.
Quizás por eso no es raro que desde el PP de Cataluña se produzcan reacciones cómo las de Josep Piqué y su amago de dimisión del pasado martes, u otras más furibundas cómo la del ex-diputado popular catalán Josep Curto, que pedía ese mismo día la dimisión de Ángel Acebes por el bien de su propio partido y de la política española en general, calificándolo como un mediocre al que los españoles pusieron en su sitio por no decir la verdad el 11-M. Un mediocre que tiene la habilidad de adelantarse a los propios tribunales de justicia o al dictamen del Tribunal Constitucional cuando asegura que la reforma está al margen de la Carta Magna. Sin embargo, la cuestión choca frontalmente con la única propuesta del PP en cuanto al Estatuto, al margen de la de su retirada, que no es otra que la de convocar un referéndum, cuestión que no recoge la Constitución.
Pero lo que debería preocupar más a los dirigentes estatales del PP es el editorial que esta misma semana aparecía en uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, el The New York Times. En las páginas del rotativo se acusaba directamente a los populares de emplearse más en exculpar a los militares que han criticado al Estatuto que en defender un orden democrático o de no creer en la legitimidad a las últimas elecciones generales que les apartó del gobierno. Desde el siglo pasado, la independencia de los analistas e historiadores hispanistas ha permitido a éstos ser los mejores conocedores de la realidad de nuestro país ¿se repetirá la historia?
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