PASABA POR AQUÍ

Sucede que hay veces que me viene a la memoria aquel entrañable personaje de Barrio Sésamo que nos explicaba la diferencia entre arriba y abajo, dentro y fuera o estar aquí y estar allí. Esta semana, por ejemplo, pensaba en la necesidad de iniciar una campaña de firmas para pedir la reposición urgente de aquella serie después de leer la columna que escribía Máximo Álvarez en este mismo periódico.
En la columna en cuestión, el autor aseguraba que en España son una pequeña minoría los que no quieren clase de religión obligatoria y evaluable para sus hijos frente a una gran mayoría que sí la quiere. Mayoría, en su imaginario particular, deben ser los que cada domingo forman esas grandes colas de gente apelotonada a la puerta de la iglesia esperando a que el cura abra la puerta del templo. Minoría, los que eligen alternativas como quedarse en su casa haciendo alguna cosa que consideren más provechosa. Según esa regla de tres, son mayoría los que, llenos de vocación, colapsan las listas de espera para ingresar en el seminario de Astorga y minoría, los que ven otro futuro en el horizonte, como el de conocer al hombre o a la mujer que les haga feliz o ver crecer a sus hijos en un mundo libre, sin ataduras.
Tampoco tiene muy claro lo que es estar allí y estar aquí, cuando menciona los acuerdos recogidos en la Constitución entre Iglesia y Estado en cuanto al cumplimiento obligatorio a la hora de impartir clases de religión, porque malintencionadamente obvia que nadie pretende prohibir la religión si no dar otras opciones, y lo más grave, se olvida de mencionar el compromiso adquirido por la Iglesia en cuanto a su autofinanciación, incumplida año tras año. Un buen ejemplo lo tiene el autor en el que será su próximo destino; la iglesia de La Rosaleda, construida en parte con el dinero de todos los ciudadanos, creyentes o no creyentes, y para cuya ubicación se reservaron unos cuantos metros cuadrados que fueron soslayados en el caso de otros usos sociales.
Confunde también los términos cuando habla de la ley de Educación del Partido Popular, que utilizó el Parlamento para imponerla a base de mayoría absoluta sin buscar acuerdos con el resto de los grupos de la cámara. A eso, el autor le llama legitimidad, dándonos a entender que es ilegítimo el que intenta buscar un consenso.
Habla de los profesores de religión y no menciona el agravio que supone para el resto de los docentes saber que éstos no pasan por las mismas pruebas de acceso que ellos y son elegidos prácticamente “a dedo” por las autoridades eclesiásticas pertinentes, quedando a merced de estos si se desvían un ápice de la moral cristiana. Eso sí, en todos los casos es el Ministerio de Educación el que paga un posible despido y el sueldo mensual, del que un 2% revierte de nuevo en algunos Obispados del país.
Pero el mayor grado de desfachatez lo alcanza cuando critica a la asignatura opcional a la religión, la Educación para la Ciudadanía, y la compara con la Formación del Espíritu Nacional de los tiempos de Franco, aquel dictador al que los obispos de este país paseaban bajo palio, percusor de una guerra civil y una represión feroz contra la Democracia, pero bendecida por la Iglesia y definida como Santa Cruzada.