ESCUDOS HUMANOS
24-11-2005 00:48:36
El 26 de julio de 2001, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León aprobaba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada (MPGOU) en su sector S-3 -hoy la Rosaleda- El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) del 14 de agosto siguiente publicaba el cambio, que afectaba al llamado PAU-1 del antiguo Plan de 1989.
Pero cuatro años y unos meses después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de declarar textualmente esa modificación como “ilegal”, un término que si ya es grave en sí mismo lo es más cuando es aplicable a algo realizado no sólo por una, si no por dos administraciones; Junta y Ayuntamiento de Ponferrada.
Conocida la sentencia, el alcalde de Ponferrada salía al paso de las críticas de la oposición acusando a ésta de embarullar, engañar y poner en riesgo el futuro de muchas personas que dependen laboralmente de la Rosaleda.
Yo le diría, en primer lugar, que embarulla el que intenta desviar la atención del ciudadano ante la noticia y no se le ocurre nada mejor que hacer que relacionarla directamente con el grupo de oposición del consistorio ponferradino, atribuyéndole a éste todos los males, como si la sentencia la hubiera dictado directamente el PSOE y no el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En segundo lugar, engaña el que pone a la venta un terreno del que van a salir centenares de compradores de viviendas, sin informar que sobre esos terrenos pesa un proceso judicial pendiente, que pudiera ser desfavorable, como así ha sido, y además sin posibilidad de ser recurrido, como parece que será.
Y en tercer lugar, lo más grave; utilizar de escudos humanos no sólo a los centenares de compradores de parcelas, locales o viviendas, si no también a todos los que están ganando, directa o indirectamente, el pan de sus hijos a costa de la operación urbanística. Y me explico; La modificación del PGOU establecía que donde el plan de 1989 hablaba de una superficie edificable en la Rosaleda de 146328 m² ahora pasaba a haber 706900 m², donde había una densidad de 30 viviendas/hectárea ahora podría haber hasta 70 y lo más llamativo, en lugar de aumentar la superficie destinada a equipamientos generales y espacios públicos paralelamente al aumento en densidad de población, se cargaban de un plumazo los 24388 m² destinados a tal fin. Con todo esto, creo que no hubiera estado mal que todo ese aumento desorbitado en densidad de vivienda y en metros cuadrados a mayores los hubiera dedicado el alcalde y los miembros de Pongesur a viviendas sociales de bajo precio, ellos que se preocupan tanto por la economía familiar de todas y cada una de las familias dependientes de las obras de la Rosaleda. Les aseguro que se lo agradecerían.
Pero como habrá comprobado el que haya ido a consultar los precios al lugar, el aumento en cuanto a cantidad y metros cuadrados para construir no se ha reflejado ni en eso ni en una rebaja en el precio de las viviendas, si no más bien todo lo contrario. Los beneficiarios, como siempre, no hace falta que les diga quienes son.
Pero cuatro años y unos meses después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de declarar textualmente esa modificación como “ilegal”, un término que si ya es grave en sí mismo lo es más cuando es aplicable a algo realizado no sólo por una, si no por dos administraciones; Junta y Ayuntamiento de Ponferrada.
Conocida la sentencia, el alcalde de Ponferrada salía al paso de las críticas de la oposición acusando a ésta de embarullar, engañar y poner en riesgo el futuro de muchas personas que dependen laboralmente de la Rosaleda.
Yo le diría, en primer lugar, que embarulla el que intenta desviar la atención del ciudadano ante la noticia y no se le ocurre nada mejor que hacer que relacionarla directamente con el grupo de oposición del consistorio ponferradino, atribuyéndole a éste todos los males, como si la sentencia la hubiera dictado directamente el PSOE y no el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En segundo lugar, engaña el que pone a la venta un terreno del que van a salir centenares de compradores de viviendas, sin informar que sobre esos terrenos pesa un proceso judicial pendiente, que pudiera ser desfavorable, como así ha sido, y además sin posibilidad de ser recurrido, como parece que será.
Y en tercer lugar, lo más grave; utilizar de escudos humanos no sólo a los centenares de compradores de parcelas, locales o viviendas, si no también a todos los que están ganando, directa o indirectamente, el pan de sus hijos a costa de la operación urbanística. Y me explico; La modificación del PGOU establecía que donde el plan de 1989 hablaba de una superficie edificable en la Rosaleda de 146328 m² ahora pasaba a haber 706900 m², donde había una densidad de 30 viviendas/hectárea ahora podría haber hasta 70 y lo más llamativo, en lugar de aumentar la superficie destinada a equipamientos generales y espacios públicos paralelamente al aumento en densidad de población, se cargaban de un plumazo los 24388 m² destinados a tal fin. Con todo esto, creo que no hubiera estado mal que todo ese aumento desorbitado en densidad de vivienda y en metros cuadrados a mayores los hubiera dedicado el alcalde y los miembros de Pongesur a viviendas sociales de bajo precio, ellos que se preocupan tanto por la economía familiar de todas y cada una de las familias dependientes de las obras de la Rosaleda. Les aseguro que se lo agradecerían.
Pero como habrá comprobado el que haya ido a consultar los precios al lugar, el aumento en cuanto a cantidad y metros cuadrados para construir no se ha reflejado ni en eso ni en una rebaja en el precio de las viviendas, si no más bien todo lo contrario. Los beneficiarios, como siempre, no hace falta que les diga quienes son.
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