PASABA POR AQUÍ

En la política, como en la alimentación, hay algunas cosas que con el paso del tiempo nos acostumbramos a digerir. Un buen ejemplo lo tenemos en la cúpula del PP de ayer y de hoy, y a la que le cuesta hacer la digestión con determinados acuerdos, aunque estos vengan respaldados por amplias mayorías y supongan avances importantes para la estabilidad democrática. Se le atragantó la Constitución de 1978, sobre todo en su título VIII, aquel que decía textualmente que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. En el mismo título, se defendía la solidaridad, la no existencia de privilegios por el hecho de vivir en una u otra autonomía o la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles. Todas esas medidas fueron rechazadas frontalmente por el partido liderado entonces por Manuel Fraga, ex ministro franquista y fundador de AP, luego rebautizado como PP; Hoy, ese mismo partido destina medio millón de euros para defenderla a capa y espada, en una campaña absurda a todas luces cuando parece claro que si alguien, en algún momento, propone un cambio lo hará por unos cauces democráticos mucho más consolidados que aquellos sobre los que se asentó la Constitución de 1978. La diferencia es que hoy, veintisiete años después, ya no hay clases dominantes que marquen los destinos del país como lo hicieron entonces, con una gran mayoría de la clase política residual del franquismo y una izquierda que acababa de regresar al país gracias a una Ley de Amnistía redactada para redimirles de sus pecados, pero que en realidad significó una amnistía en cubierto para “autoridades, funcionarios y agentes del orden” durante los cuarenta años de dictadura. Más claro, el agua.
Hoy, en el año 2005, el PP sigue con sus problemas de digestión con un menú parecido al que se le atragantó entonces; los estatutos y sus reformas. Pero al igual que sucedió con la Constitución, aquello que detestaban es hoy objeto de una defensa a ultranza, hasta el punto de negarse a aceptar un solo punto del texto de la reforma del estatuto, aunque éste llegue al parlamento respaldado por una abrumadora mayoría de los ciudadanos de aquella autonomía, ni más ni menos que el 90%, o lo que es lo mismo, todos menos el PP. Una presencia política que no es la más deseable, y que quizás explica mejor que nada la posición del partido frente a la propuesta. Puestos a elegir, lo más fructífero es utilizar un lenguaje incendiario, catastrofista, atemorizador y sobre todo anticatalán, sistema habitual para ganar votos no solo entre la ultraderecha, si no también entre una buena parte de la sociedad española a la que se atemoriza fácilmente, aunque todo ello contribuya a hundir todavía más, si cabe, al PP en Cataluña.
Ayer, en una Carrera de San Jerónimo cerrada al tráfico y muy cerca de las puertas del Congreso de los Diputados, un grupo de exaltados gritaban las mismas consignas que hace veintisiete años; “¡España, una, y no cincuenta y una!”. Mientras, dentro del hemiciclo, se producía el debate del que debe salir un acuerdo que contribuya a mejorar la convivencia en este país plurinacional que se llama España.