CIUDADANOS DE PLENO DERECHO
29-09-2005 17:49:13
Desde siempre, nuestra tierra ha sido un ejemplo de convivencia entre los aquí nacidos y las gentes llegadas de otras partes, pero en especial de los que huían del hambre de sus países buscando lejos de casa un futuro mejor para sus hijos. Venían a llenar el hueco que habían dejado miles de lugareños que el siglo pasado tomarían el camino al revés, abandonando su tierra en busca del maná americano o centroeuropeo. Unos se fueron, otros vinieron. Ese es el trasiego de la vida.
Y en ese ir y venir, si hubiera que destacar a un colectivo como el más adaptado a la forma de vida de El Bierzo y de Laciana ese sería, con permiso de los demás, el caboverdiano. Con su trabajo, casi siempre orientado a las labores de la extracción del carbón, hombres y mujeres de aquel país colaboraron, en épocas de esplendor, a levantar no sólo su economía, sino indirectamente la de todos nosotros. Son, sin ninguna duda, ciudadanos de pleno derecho, si es que alguien no lo es.
Quiero resaltar ese dato porque me produce tristeza leer, día a día, nuevos datos del conflicto que mantienen la Asociación de Caboverdianos de Ponferrada y la comunidad de vecinos del número 8 de la calle San Genadio, donde los primeros tienen su sede y, los segundos, su hogar.
Desde hace tiempo se han sucedido las denuncias; Por un lado están las de los vecinos, que se quejan de los niveles de ruido proveniente del interior del local, y por el otro, las vertidas por los responsables de la asociación, que denuncian un acoso por parte de los propietarios y del propio ayuntamiento de la ciudad el cual, teniendo en cuenta las quejas vecinales, decretaría una sanción económica y el cierre del local durante algunos meses.
Cumplido ya el plazo de sanción, hace unos días se reanudaban las actividades del colectivo, que lo hacía denunciando en rueda de prensa a vecinos y ayuntamiento, por un supuesto intento de echarlos del local e incluso de la ciudad, acabando así con sus actividades sociales y de integración.
Y si la situación del colectivo no es cómoda, no me quiero imaginar lo que tiene que suponer estar en la piel de los miembros de la comunidad de vecinos, acusados por los primeros de mantener una postura racista. Me consta que no es así. Y me entristece que algunos miembros del colectivo africano usen como arma arrojadiza un argumento tan susceptible como ese, cuando saben sobradamente que no es cierto.
Si lo fuera, invito a los responsables del colectivo a acudir a los tribunales y, de paso, exigir la devolución de una sanción, según ellos, injusta a todas luces y basada en varias denuncias infundadas. Sin embargo, mucho me temo que la justicia no les dará la razón, como tampoco se la dio el Procurador del Común. Creo que lo mejor para colectivos similares al suyo sería buscar un emplazamiento más apropiado para sus actividades sociales. En cuanto a las actividades de integración, quizás la mejor forma de practicarlas es respetando a los que, como ellos, son ciudadanos de pleno derecho y, como el resto de los mortales, necesitan descansar.
Y en ese ir y venir, si hubiera que destacar a un colectivo como el más adaptado a la forma de vida de El Bierzo y de Laciana ese sería, con permiso de los demás, el caboverdiano. Con su trabajo, casi siempre orientado a las labores de la extracción del carbón, hombres y mujeres de aquel país colaboraron, en épocas de esplendor, a levantar no sólo su economía, sino indirectamente la de todos nosotros. Son, sin ninguna duda, ciudadanos de pleno derecho, si es que alguien no lo es.
Quiero resaltar ese dato porque me produce tristeza leer, día a día, nuevos datos del conflicto que mantienen la Asociación de Caboverdianos de Ponferrada y la comunidad de vecinos del número 8 de la calle San Genadio, donde los primeros tienen su sede y, los segundos, su hogar.
Desde hace tiempo se han sucedido las denuncias; Por un lado están las de los vecinos, que se quejan de los niveles de ruido proveniente del interior del local, y por el otro, las vertidas por los responsables de la asociación, que denuncian un acoso por parte de los propietarios y del propio ayuntamiento de la ciudad el cual, teniendo en cuenta las quejas vecinales, decretaría una sanción económica y el cierre del local durante algunos meses.
Cumplido ya el plazo de sanción, hace unos días se reanudaban las actividades del colectivo, que lo hacía denunciando en rueda de prensa a vecinos y ayuntamiento, por un supuesto intento de echarlos del local e incluso de la ciudad, acabando así con sus actividades sociales y de integración.
Y si la situación del colectivo no es cómoda, no me quiero imaginar lo que tiene que suponer estar en la piel de los miembros de la comunidad de vecinos, acusados por los primeros de mantener una postura racista. Me consta que no es así. Y me entristece que algunos miembros del colectivo africano usen como arma arrojadiza un argumento tan susceptible como ese, cuando saben sobradamente que no es cierto.
Si lo fuera, invito a los responsables del colectivo a acudir a los tribunales y, de paso, exigir la devolución de una sanción, según ellos, injusta a todas luces y basada en varias denuncias infundadas. Sin embargo, mucho me temo que la justicia no les dará la razón, como tampoco se la dio el Procurador del Común. Creo que lo mejor para colectivos similares al suyo sería buscar un emplazamiento más apropiado para sus actividades sociales. En cuanto a las actividades de integración, quizás la mejor forma de practicarlas es respetando a los que, como ellos, son ciudadanos de pleno derecho y, como el resto de los mortales, necesitan descansar.
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