PASABA POR AQUÍ

A poco más de un año de las elecciones municipales, los argumentos de los partidos que aspiran a gobernar en Ponferrada parece que irán por los cauces habituales. El ladrillo, la economía y poco más volverán a ser los protagonistas de un toma y daca que ha tenido un claro triunfador en las cuatro últimas citas electorales.

Ni siquiera será un hándicap para 2011 el bajón en las inversiones por parte del ayuntamiento en los últimos meses. El recorte no ha impedido ver al alcalde inaugurar obras a diario, aunque estas fueran financiadas por el Plan E del Gobierno central, un dato que desconoce una gran mayoría de los ciudadanos.

Fuera de ese debate, muchos seguiremos echando de menos ciertas reivindicaciones, que se agravan en situaciones de crisis como la que vivimos, y que parecen ajenas a toda la clase política en general.

Lejos de dar ejemplo, los incumplimientos de algunas administraciones con el ciudadano parecen crecer a diario. Uno no puede despistar sus obligaciones, pero tiene que aguantar sin rechistar si la ventanilla de un ayuntamiento incumple reiteradamente su horario por la desidia de un funcionario cuyo sueldo pagamos todos.

Aunque, a decir verdad, difícilmente se le puede exigir a un trabajador que cumpla cuando quien lo tiene que hacer es el último en incorporarse a su puesto de trabajo todos los días. En Ponferrada, el equipo de Gobierno cuenta con varias dedicaciones exclusivas, con atribuciones muy por encima de la media y realmente desorbitadas si las comparamos con el rendimiento de quienes las disfrutan.

Son ellos, y no otros, los verdaderos culpables de dar una imagen verdaderamente patética y poco acorde con lo que debería ser el funcionamiento del consistorio de un municipio de casi 70.000 habitantes.

Una de las aficiones preferidas de algunos políticos es la de llenarse la boca con los porcentajes. Así, cuando se habla de un 99% se olvida automáticamente a los desafortunados que ocupan el 1% restante. Y en El Bierzo, en cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías, parece que estemos abonados a vivir en esa minoría.

Las carencias históricas en los pueblos, encabezadas por sus malas comunicaciones por carretera, se traducen hoy en ausencia de cobertura de telefonía móvil, en una pésima conexión a internet y en la falta de otras mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos que garantizasen el asentamiento de la población rural.

La Constitución Española dice en sus artículos que todos somos iguales ante la ley y nos garantiza el derecho a elegir nuestra residencia y recibir en ella libremente la información por cualquier medio de difusión.

La última agresión al mundo rural es la implantación de la TDT, cuya competencia fue asumida por la Junta de Castilla y León para que ningún ciudadano se quedara fuera del apagón analógico. Sin embargo, la administración autonómica no ha tenido reparo a la hora de distinguir entre grupos de ciudadanos de primera y de segunda.

En el primero, el más numeroso, están aquéllos afortunados que sólo tendrán que comprar un decodificador por cada televisión. Pero en el segundo se encuentran quienes viven en núcleos de población menores, donde la Junta ha pensado en una solución que pasa por la instalación de antenas parabólicas en la vivienda de cada empadronado, quedando fuera los que residiendo en otro lugar pasan largas temporadas en su pueblo.

No se han librado, ni siquiera, poblaciones ubicadas en Reservas de la Biosfera, donde la propia administración autonómica obliga a utilizar materiales apropiados en las rehabilitaciones, regula la caza o protege la flora, pero no le ha importado autorizar una auténtica barbaridad.

Lo sucedido tras el terremoto de Haití sirve, al menos por unos días, para situar en el mapa al país caribeño. Las tremendas imágenes que vemos en los informativos reflejan una catástrofe que viene a agravar más, si cabe, la crisis humanitaria que sufre desde hace décadas la nación más pobre de América.

En España, este tipo de tragedias ponen de manifiesto nuevamente la solidaridad de millones de ciudadanos, dispuestos a ayudar tanto material como físicamente a las víctimas, demostrando una vez más la presencia de nuestro país en lo que respecta a ayuda internacional. Ojalá se sume a esa corriente la casa real, donando la fortuna que un millonario mallorquín acaba de dejarles y que no necesitan.

De las tragedias se aprovechan los que utilizan el dolor ajeno para su lucro personal, ya sea de forma ilegal o con guante blanco. Como algunas entidades bancarias que han decidido seguir cobrando una comisión -que puede llegar a los 5€- o un descuento equivalente cuando alguien se acerca hasta sus oficinas para hacer una transferencia, apropiándose de parte de un dinero que debería llegar a los afectados.

A otros niveles, llaman la atención ciertos detalles que evidencian que la manipulación mediática no tiene límites, incluso en situaciones como ésta. Así, la inmensa mayoría de los medios de comunicación ocultaron de forma descarada la presencia en la isla desde los primeros momentos de casi cuatrocientos sanitarios enviados desde La Habana o Caracas mientras ensalzaban, por supuesto, la presencia de marines estadounidenses, que a día de hoy agradecen el detalle expulsando a los periodistas del aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe.

Lo peor de todo, sin embargo, es que probablemente una vez llegado el momento en el que la noticia pierda tirón, las aguas volverán a su cauce no sólo aquí, sino también allá.

Me cuentan que la reciente huelga en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega ha sido convocada -por no decir impuesta- por un comite de empresa en manos de USO y cuyo funcionamiento recuerda bastante al del sindicato vertical a juzgar por la elevada cifra de participación en su elección, superior al 90%.

De ello se beneficia una empresa concesionaria que es la principal interesada en no reciclar. Los dos parones convocados, cuyos motivos desconocían la mayoría de los trabajadores, apenas afectan a una empresa que no paga a sus empleados en huelga, pero que cobra por cada tonelada que entra en el CTR, independientemente de si se recicla o no. En la última convocatoria, la basura siguió entrando en la planta -previo paso por la báscula- para acabar vertida diréctamente en el vaso. De esa forma, se ahorraron tanto el reciclaje como la mano de obra necesaria para ello.

Mención aparte para el problema de una plantilla laboral que se encuentra muy por encima de las necesidades reales, consecuencia directa de la concesión de plazas a dedo por cada uno de los alcaldes de ayuntamientos miembros del consorcio GERSUL. De la cifra total de empleados, cercana al centenar, solamente dos plazas salieron a concurso.

La vida útil del CTR no alcanzará ni de lejos lo previsto: El vaso está a la mitad de su capacidad cuando apenas ha transcurrido la cuarta parte del tiempo de vida previsto, calculado en dos décadas. Y como no se recicla, no solamente no se genera la energía prevista, sino que a día de hoy ésta todavía se sigue comprando.

El resultado de la desastrosa gestión se traduce en pérdidas millonarias que, a buen seguro, no tendrán consecuencias directas ni indirectas para los políticos responsables de semejante chapuza, sino para esos que ustedes y yo estamos pensando.

http://www.youtube.com/watch?v=CowF-41MxN4